Ganemos Toledo sacó adelante en el último Pleno municipal su moción para reclamar del Gobierno Central que el “bono social energético” se modifique incluyendo el gas, y para que se reclame a las empresas energéticas su implicación ante la pobreza energética al tiempo que demanda que se contemplen recursos y presupuestos desde el Estado para que los servicios sociales puedan hacer frente a la atención de las situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el riesgo de cortes de suministro energético por dificultades económicas y sociales, tanto de familias como de unidades monoparentales. La moción contó con el apoyo del partido socialista, ciudadanos y partido popular se opusieron.

Se reclama un bono social eléctrico que no tenga efectos negativos para las corporaciones locales, por lo que se plantea la derogación de la norma que el Gobierno del Estado impone a los ayuntamientos y comunidades autónomas sin aportar ni financiación ni recursos. Además de señalar la nula responsabilidad social que se le reclama a las empresas energéticas.

Para el portavoz de Ganemos Toledo y concejal de Servicios Sociales, Javier Mateo “no es aceptable que el Gobierno del Estado y las eléctricas impongan que los ayuntamientos y comunidades autónomas tengamos que asumir los costes de la aplicación del “bono social” contra la pobreza energética, con una norma apuntó, “que nos traslada el problema pero que no nos da financiación”, subrayó, “los servicios sociales no tenemos esos recursos”.

La norma  aprobada el pasado mes de octubre por Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital plantea que quienes estén en situación de `vulnerabilidad´ podrán obtener descuentos del 25% en su factura, y del 40% si se considera una situación de `vulnerabilidad severa´ y deriva a los ayuntamientos y comunidades autónomas mediante sus servicios sociales la obligación de abonar las ayudas y tramitarlas.

Para Ganemos, “el problema es que estos descuentos no los paga ni el ministerio ni las eléctricas”, ya que serán los ayuntamientos y las comunidades autónomas con cargo a sus cuentas y sus servicios sociales los que tendrán que intervenir con sus recursos y asumir el coste de esos descuentos.

Mateo criticó la medida señalando que, “el ministerio ha venido a decir aquello de yo invito pero que lo paguen otros”, asegurando que, “esta medida amenaza con colapsar unos servicios sociales ya de por si debilitados por los recortes”.

Según explicó las eléctricas van a remitir cartas a las personas susceptibles de acogerse a estos descuentos indicándoles que acudan a los servicios sociales, “pero los servicios sociales no disponen de capacidad para dar respuesta a estas nuevas obligaciones”, advirtió Mateo, “el ministerio y las eléctricas se lavan las manos y nos pasan la patata caliente sin aportar ni recursos ni financiación”, al delegar una competencia pero no contemplar partidas en los Presupuestos del Estado.

El portavoz de Ganemos calificó la nueva norma de decepcionante y, “una muestra más de la nula sensibilidad social del gobierno del PP por las personas desfavorecidas” y del empeño del ministerio por defender los intereses de las corporaciones energéticas contra los intereses sociales. Añadió que el gobierno del PP, “es incapaz de exigir responsabilidad sociales a las empresas de energía frente a la creciente situación de pobreza energética, en un país dijo, en el que, “algo tan básico como tener luz o calor en el hogares se está convirtiendo en un artículo de lujo”.

Mateo recordó que la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales ya advertía de los efectos negativos de esta norma que, “provocará un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades autónomas”, impacto que remarcó, “ni está previsto ni se ha pactado”.