Ganemos presentará una moción ante los efectos negativos del nuevo bono social eléctrico impuesto por el Gobierno del Estado por carecer de financiación y obligar a los ayuntamientos y autonomías a sufragar los costes.
 
Tampoco se contemplan recursos para evitar el colapso de los servicios sociales, obligados a tramitar las ayudas y sufragar la financiación de las medidas.
 
Se propone también que además del suministro eléctrico se contemple el gas en una nueva norma que sustituya la regulación actual.

Ganemos Toledo planteará en el próximo Pleno municipal una moción en la que se reclama un bono social eléctrico que no tenga efectos negativos para las corporaciones locales, por lo que pedirá la derogación de la norma que el Gobierno del Estado impone a los ayuntamientos y comunidades autónomas sin aportar ni financiación ni recursos. Además de señalar la nula responsabilidad social que se le reclama a las empresas energéticas.

Para el portavoz de Ganemos Toledo y concejal de Servicios Sociales, Javier Mateo “no es aceptable que el Gobierno del Estado y las eléctricas impongan que los ayuntamientos y comunidades autónomas tengamos que asumir los costes de la aplicación del “bono social” contra la pobreza energética, con una norma apuntó, “que nos traslada el problema pero que no nos da financiación”, subrayó, “los servicios sociales no tenemos esos recursos”.

La norma  aprobada el pasado mes de octubre por Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital plantea que quienes estén en situación de `vulnerabilidad´ podrán obtener descuentos del 25% en su factura, y del 40% si se considera una situación de `vulnerabilidad severa´ y deriva a los ayuntamientos y comunidades autónomas mediante sus servicios sociales la obligación de abonar las ayudas y tramitarlas.

Para Ganemos, “el problema es que estos descuentos no los paga ni el ministerio ni las eléctricas”, ya que serán los ayuntamientos y las comunidades autónomas con cargo a sus cuentas y sus servicios sociales los que tendrán que intervenir con sus recursos y asumir el coste de esos descuentos.

Mateo criticó la medida señalando que, “el ministerio ha venido a decir aquello de yo invito pero que lo paguen otros”, asegurando que, “esta medida amenaza con colapsar unos servicios sociales ya de por si debilitados por los recortes”.

Según explicó las eléctricas van a remitir cartas a las personas susceptibles de acogerse a estos descuentos indicándoles que acudan a los servicios sociales, “pero los servicios sociales no disponen de capacidad para dar respuesta a estas nuevas obligaciones”, advirtió Mateo, “el ministerio y las eléctricas se lavan las manos y nos pasan la patata caliente sin aportar ni recursos ni financiación”, al delegar una competencia pero no contemplar partidas en los Presupuestos del Estado.

El portavoz de Ganemos calificó la nueva norma de decepcionante y, “una muestra más de la nula sensibilidad social del gobierno del PP por las personas desfavorecidas” y del empeño del ministerio por defender los intereses de las corporaciones energéticas contra los intereses sociales. Añadió que el gobierno del PP, “es incapaz de exigir responsabilidad sociales a las empresas de energía frente a la creciente situación de pobreza energética, en un país dijo, en el que, “algo tan básico como tener luz o calor en el hogares se está convirtiendo en un artículo de lujo”.

Mateo recordó que la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales ya advertía de los efectos negativos de esta norma que, “provocará un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades autónomas”, impacto que remarcó, “ni está previsto ni se ha pactado”.

Se estima en unos primeros cálculos que los  hogares potenciales que podrían beneficiarse de esta medida por considerarse en “vulnerabilidad severa” podrían alcanzar la cifra de 900.000 familias.

Por todo ello la moción instará a derogar el RD 897/2017 para que sea sustituido por una norma  que contemple financiación suficiente de los costes de estas medidas por el Gobierno del Estado y por las empresas eléctricas con una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

También se plantea que se incluyan en el Bono Social otros suministros que también son susceptibles de cortes para los hogares vulnerables como el gas, algo que la norma aprobada no contempla.